Sindicalismo neocorporativo: la CGTP y el respaldo a González-Olaechea

La decisión de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de respaldar la candidatura de Javier González-Olaechea a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo requiere algo más que una reacción de indignación o un simple adjetivo. El sindicalismo peruano es un complejo actor que ha enfrentado radicales transformaciones el presente siglo. Aquí trataremos de situar la decisión de la CGTP en una reflexión más amplia y crítica.  

La carta enviada por la CGTP el 8 de septiembre resulta políticamente desconcertante. González-Olaechea fue canciller durante el gobierno de Dina Boluarte y hoy es el candidato oficial del gobierno peruano para dirigir la OIT. Su postulación cuenta, además, con el respaldo explícito de la CONFIEP, que ha llamado a los distintos sectores sociales a cerrar filas alrededor de ella. En la competencia se encuentra también Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, cuya trayectoria política se encuentra mucho más próxima a las tradiciones históricas del sindicalismo de izquierda. La elección se realizará el próximo 16 de noviembre.

¿Cómo termina entonces la principal central sindical clasista del Perú coincidiendo con la CONFIEP y con el Gobierno en una elección internacional de esta importancia?

La explicación fácil sería hablar de traición, oportunismo o simple incoherencia. Es comprensible, pero muy básico e insuficiente. La conducta de la CGTP puede entenderse mejor observando las transformaciones que ha experimentado el sindicalismo peruano durante las últimas décadas y, particularmente, la trayectoria de una de sus organizaciones más importantes: la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

La FTCCP es hoy probablemente la organización sindical privada más poderosa del país. Su principal fortaleza radica en algo excepcional dentro de un mercado laboral profundamente fragmentado: la negociación colectiva por rama de actividad. Cada año, la Federación negocia con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) un convenio nacional que establece incrementos salariales y otras condiciones aplicables al sector.

Ese mecanismo constituye mucho más que una herramienta reivindicativa. Es el eje alrededor del cual se ha construido durante más de veinte años una particular relación entre sindicato, empresarios y Estado. En mi investigación sobre el sindicalismo peruano denomino a esta configuración como "sindicalismo neocorporativo". Es un tipo de sindicalismo que caracteriza por la existencia de dirigentes gremiales profesionalizados, una organización con elevada capacidad de representación sectorial y una relación estable con el gremio empresarial y con organismos estatales. La negociación y la concertación adquieren así un peso mayor que la confrontación abierta.

Esta caracterización permite entender una aparente paradoja. La FTCCP mantiene un discurso clasista, participa activamente en la CGTP y puede asumir posiciones políticas muy críticas frente al gobierno de turno. Pero, simultáneamente, mantiene una relación institucionalizada y relativamente estable con CAPECO y con el Estado. 

Las dos cosas pueden coexistir. Durante años, la Federación ha desarrollado una especie de doble política de alianzas. Desde la CGTP participa en movilizaciones y plataformas generales junto con otros sindicatos y organizaciones de izquierda. Pero cuando se trata de los intereses específicos de la construcción civil, establece relaciones de cooperación con colegios profesionales, organismos públicos y organizaciones empresariales. Mi investigación encontró precisamente esta combinación entre oposición política general y concertación sectorial.

La clave está en comprender qué ocupa el centro del arreglo. Para la FTCCP, el recurso estratégico fundamental es la negociación colectiva por rama. Mantenerla implica conservar simultáneamente dos reconocimientos: el del Estado como interlocutor representativo de los trabajadores de construcción civil y el de CAPECO como contraparte empresarial. Mi investigación muestra que la Federación ha construido deliberadamente acuerdos institucionales con ambos actores para preservar esa posición.

Aquí aparece un elemento especialmente importante para comprender la actual decisión de la CGTP: la creciente gravitación de una cultura sindical forjada en la FTCCP, donde la preservación de la negociación colectiva y de los canales institucionales de interlocución con empresarios y Estado ocupa un lugar central. Se trata de una lógica construida durante más de dos décadas por una dirigencia estable y profesionalizada, acostumbrada a convertir la negociación sectorial en el principal criterio de eficacia sindical.

El problema surge cuando esa racionalidad comienza a proyectarse sobre la conducción de una central como la CGTP. Allí, el riesgo es que la tradición clasista de la central quede subordinada a una lógica más pragmática que se limita a preservar espacios de negociación, asegurar reconocimiento institucional y evitar rupturas con actores empresariales estratégicos. 

Esto adquiere especial importancia en la coyuntura actual. La FTCCP se encuentra nuevamente presentando su pliego nacional para la negociación colectiva por rama. Al mismo tiempo existe una amenaza que los dirigentes de construcción conocen perfectamente: que el Estado modifique las reglas de representación e incorpore a las organizaciones paralelas (los denominados "seudo sindicatos") a la mesa de negociación.

Para la Federación este escenario sería extremadamente peligroso. La negociación colectiva por rama funciona porque existe, en los hechos, un interlocutor sindical predominante frente a un interlocutor empresarial claramente definido. Introducir organizaciones paralelas debilitaría la representación de la FTCCP, fragmentaría la negociación y, eventualmente, podría erosionar el mecanismo que sostiene buena parte de su poder sindical.

Hasta ahora el Estado ha tendido a evitar una intervención directa sobre esta cuestión, dejando un margen considerable a la relación construida entre CAPECO y la FTCCP. Esa arquitectura institucional es precisamente la que la Federación necesita preservar.

En ese contexto, el respaldo de la CGTP a González-Olaechea puede adquirir otra lectura. CONFIEP hizo público su apoyo a la candidatura el 5 de septiembre. Tres días después, la CGTP dirigió al presidente del Consejo de Administración de la OIT una carta respaldando al mismo candidato. La proximidad temporal resulta políticamente llamativa. La patronal incluso había pedido expresamente que los distintos sectores nacionales se sumaran a la candidatura.

Conviene aquí ser rigurosos. No existe, hasta donde conocemos, evidencia pública de que CONFIEP haya solicitado a la FTCCP o a la CGTP su respaldo a cambio de alguna garantía respecto de la negociación colectiva de construcción civil. Afirmarlo como un hecho sería irresponsable.

Pero existe una hipótesis política razonable que merece ser planteada. Para una organización cuyo recurso estratégico depende de una relación institucional estable con los empresarios y con el Estado, contribuir a una candidatura que ambos consideran importante puede funcionar como una señal de cooperación. Más todavía cuando el nuevo gobierno podría alterar las reglas que hasta ahora han protegido la negociación sectorial.

Desde esta perspectiva, la decisión deja de parecer inexplicable. Responde a la misma lógica que ha permitido a la FTCCP sobrevivir y fortalecerse durante dos décadas: utilizar la política como un instrumento para preservar la negociación sindical. En el sindicalismo neocorporativo, las alianzas políticas pueden ser variables porque el objetivo estratégico permanece relativamente estable. Mi investigación encuentra precisamente esa concepción instrumental de la política: relaciones con ministerios, funcionarios, empresarios y actores políticos orientadas a garantizar la interlocución institucional y particularmente la negociación por rama.

El problema aparece cuando esta lógica sectorial se traslada a la conducción de una central nacional. Una federación puede considerar racional intercambiar gestos políticos para proteger una negociación colectiva. La CGTP representa, al menos formalmente, algo más amplio: una concepción general de los intereses de los trabajadores. Allí la contradicción se vuelve mucho más visible.

Porque en la elección de la OIT se discute también qué orientación debería tener la principal institución internacional del trabajo. Desde ese punto de vista, resulta difícil explicar que una central que continúa definiéndose como clasista prefiera al candidato respaldado por la principal organización empresarial peruana antes que a una dirigente europea cuya trayectoria reciente está asociada a reformas laborales, incremento del salario mínimo, fortalecimiento de la contratación estable y diálogo con las centrales sindicales.

Aquí aparece precisamente uno de los problemas centrales del sindicalismo peruano contemporáneo. El clasismo sigue funcionando como identidad declarada, como lenguaje, memoria histórica y fuente de legitimidad. Pero cada vez explica menos las decisiones concretas de las organizaciones. En la práctica, los sindicatos han desarrollado estrategias mucho más diversas y pragmáticas. Esa distancia entre discurso y acción es uno de los hallazgos centrales de mi investigación en los últimos años: organizaciones que continúan llamándose clasistas actúan de acuerdo con arreglos identitarios muy diferentes, adaptados a sus recursos, estructuras organizativas y relaciones con empresarios y Estado.

El respaldo de la CGTP a González-Olaechea parece confirmar dramáticamente esa transformación. Hace algunas décadas habría resultado casi inconcebible que la principal central clasista peruana, la central sindical aprista, la principal organización empresarial y el gobierno coincidieran en una candidatura internacional frente a una dirigente identificada con la izquierda y el movimiento sindical europeo.

Hoy puede ocurrir. No porque hayan desaparecido las diferencias entre empresarios y trabajadores. Esas diferencias siguen presentes y se expresan cotidianamente en salarios, condiciones laborales, despidos, tercerización y negociación colectiva. Lo que ha cambiado es la forma en que determinadas dirigencias sindicales administran esas contradicciones.

El neocorporativismo ofrece resultados concretos: negociación por rama, interlocución política, estabilidad organizativa y capacidad de obtener incrementos salariales. Precisamente por eso resulta eficaz. Pero tiene también un costo. Cuando preservar el arreglo institucional se convierte en la prioridad principal, las fronteras políticas comienzan a desplazarse. Los adversarios de ayer pueden convertirse en aliados circunstanciales y los principios generales pueden subordinarse a las necesidades de conservación del sistema de negociación.

La pregunta que plantea entonces el respaldo a González-Olaechea trasciende largamente una elección en Ginebra. Es una pregunta sobre la CGTP misma. ¿Hasta qué punto la lógica neocorporativa desarrollada exitosamente por la FTCCP está comenzando a organizar también las decisiones políticas de la principal central sindical del país?

Si esa hipótesis es correcta, estaríamos frente a un cambio importante. El clasismo continuaría ocupando los discursos, los estatutos y las celebraciones históricas. Pero las decisiones fundamentales se limitan a preservar espacios institucionales, administrar relaciones con el poder y asegurar recursos organizativos. 

Y entonces la carta del 8 de septiembre dejaría de ser una anomalía. Sería, más bien, una ventana particularmente clara hacia el sindicalismo peruano que realmente existe.